Acostumbrados, a menudo, a entrar en aspectos concretos no debemos olvidarnos de observar los tres principios básicos para impulsar cualquier economía: estabilidad regulatoria para que las empresas puedan acompasar sus políticas a la nueva legislación, seguridad jurídica para que no se produzcan cambios en las reglas del juego durante la maduración de sus inversiones y calidad normativa para que ésta sea lo más adecuada posible a los objetivos perseguidos, el entorno en el que se apruebe y los mecanismos púbicos existentes para su propia observancia. Que el exceso regulatorio, las propias debilidades institucionales e, incluso, algunas decisiones políticas poco reflexionadas suelen poner en entredicho.
Las mayores dificultades para promover el crecimiento económico desde la demanda (inflación e impuestos sobre demanda privada, deuda y déficit público sobre gasto e inversión pública en una nueva etapa de ajustes europeos presupuestarios) deben centrar las políticas de crecimiento desde la oferta. Algunas propuestas para nuestros gobiernos pueden seguir las siguientes líneas de trabajo: potenciar el talento, la generación de conocimiento y su integración progresiva en la empresa favoreciendo sistemas innovadores abiertos; impulsar una mayor libertad económica, repensando regulaciones (trabas) administrativas y facilitando incentivos fiscales al crecimiento empresarial; y, por último, utilizar las compras públicas innovadoras, sostenibles y tecnológicas para mejorar la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los servicios públicos (por ejemplo, a través de la IA en salud) constituyendo, además, un elemento tractor de colaboración público-privada.
Y, para ello, sugerimos acudir a las tres fases siguientes: una primera de reformas administrativas (simplificación) para generar una mayor confianza empresarial ante unos escenarios económicos volátiles; una segunda para liberar recursos empresariales dinamizando la economía a través de los mercados, los incentivos fiscales y la colaboración público-privada operativa; y una tercera de prospectiva (pues el futuro influye en el presente) impulsando la colaboración público-privada estratégica (qué queremos ser como país, región o área metropolitana).
Para finalizar este breve artículo replicamos algunas de las medidas facilitadas por la Federación Hábitat de España a la Confederación Empresarial Valenciana para su traslado al Documento de Cien Prioridades de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales:
Retos generales de aplicación estatal y autonómica:
- Refuerzo de la unidad de mercado a través de una mayor armonización legislativa en línea con las políticas europeas evitando fragmentaciones.
- Intensificación de la colaboración público-privada en materias de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación incluyendo compra pública.
Medidas de carácter fiscal de carácter fundamentalmente estatal:
- Incremento de la facturación a 10 millones de euros para que una sociedad mercantil pase a considerarse gran empresa desde el punto de vista fiscal.
- Libertad de amortización entre 2024-2027 -coincidentes con ejecución de fondos NG- para acompañar las inversiones empresariales con mayor autofinanciación.
- Establecimiento de incentivos fiscales estatales y autonómicos a la reinversión para acelerar su transformación verde y digital (pilares de las políticas industriales europeas).
